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La verdad y la memoria

La verdad y la memoria

La represión a los estudiante normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, la noche del 26 de septiembre, ha puesto al país frente a un espejo que refleja una imagen aterradora. Muestra a una nación desgarrada por la violencia. Si a estos hechos sumamos los de Tlatlaya, queda claro que el respeto a los  derechos humanos se han vuelto una ficción. Las instituciones del estado son incapaces de garantizar la vida y la integridad de las personas. Aún más, algunas de ellas han sido las principales promotoras de esas violaciones. México está transitando de un estado fallido, inexistente, simulado, a un estado controlado cada vez más por  terroristas que se han dado a la tarea de aniquilar ciudadanos indefensos.

La represión contra los normalistas de Guerrero puede ser equiparada a la de Tlatelolco en 1968 o a la del 10 de junio de 1971.  Como en otros momentos de nuestra historia reciente, cuando se conocen matanzas y represiones masivas, necesitamos conocer la verdad histórica y preservar la memoria de estos hechos tan dolorosos.

José Revueltas dijo hace más de 46 años,  refiriéndose a la represión de la Plaza de las Tres Culturas: “La bárbara matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 es una herida que permanece abierta y sangrante en la conciencia de México… sólo la justicia histórica puede cerrar esta herida…Pero ni la justicia histórica ni nada ni nadie podrá borrar este recuerdo; será siempre una acta de acusación y una condena… “

Aunque la situación y el contexto histórico son muy diferentes, hoy también necesitamos conocer la verdad para que haya justicia. Porque sólo así: sabiendo qué pasó, quién lo hizo y por qué, podremos reconstruir al país sobre otras bases y detener los crímenes de todos los días. Pero aún si se llegara a conocer todo ello y se castigara a todos los culpables de estos hechos, la memoria deberá permanecer siempre entre nosotros y en las generaciones que nos sigan.

Esa verdad histórica tendrá que rebasar el conocimiento de los personajes directamente involucrados, los autores materiales, y también los autores intelectuales directos: los asesinos que decidieron mandar a sus sicarios para matar y secuestrar a los estudiantes. Tendrá que ir más al fondo, al origen de todo esto. Y en esa búsqueda tendremos que saber y explicarnos cómo fue que las instituciones del Estado se convirtieron, primero, en organismos incapaces de gobernar a la nación en paz y luego  se fueron convirtiendo en instrumentos de las mafias de delincuentes que hoy gobiernan, en los hechos, amplias zonas del territorio nacional.

Importa saber no sólo el nombre de las personas sino sobre todo las instituciones involucradas. Hoy, todas ellas son sospechosas. Porque no sabemos cuántos presidentes municipales, regidores o síndicos son actores pasivos que ven pasar los cadáveres frente a sus oficinas. O cuántos y quiénes de ellos son parte del grupo de asesinos que controla su municipio. Porque hoy no tenemos certeza de la conducta que guía a muchos gobernadores de las entidades en las que el crimen organizado domina casi totalmente.  Porque hoy podemos sospechar del involucramiento de jueces, generales del ejército, oficiales de policía, procuradores, diputados, senadores y responsables del gobierno federal. Y también de dirigentes de partidos políticos.

La imagen que nos proyecta Iguala está colmada de 46 jóvenes normalistas. El dolor y la vergüenza corresponden a esa cifra terrible.  Pero también refleja la magnitud del deterioro de nuestras instituciones. ¿Qué democracia es ésta? ¿A quiénes elegimos? Y ¿para qué?

El país y la comunidad internacional necesitan saber, para que se haga justicia pero también para que podamos detener la matanza. Y para conocer la verdad es imprescindible ir más allá de Iguala y poner en el banquillo, en un profundo y severo examen, a todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

El informe del Procurador, presentado el viernes 7 de noviembre, despierta más sospechas que certidumbres. Los detalles de la masacre descrita ese día levanta muchas dudas sobre la posibilidad de su instrumentación material pero sobre todo deja sin contestación el fondo del asunto: los móviles de los asesinatos colectivos y la participación de los responsables de las diferentes áreas de gobierno, el ejército durante los días 26 y 27 de octubre, la actuación de las  procuradurías estatal y federal en el seguimiento del gobierno de Abarca antes y después del secuestro. Y un gran número de interrogantes…

Desde hace años en México la distancia entre la ley y la realidad se ha ido ensanchando cada vez más. Junto a ello, también la brecha entre lo que se supone deben hacer los gobiernos y lo que realmente sucede en la vida cotidiana del país. Este divorcio fue promovido en muchos casos, deliberadamente; en otros por dolo, inercia y falta de responsabilidad. Al final, sin embargo, la simulación se convirtió, en muchos casos,  en una forma de gobierno.

Si bien en México la distancia entre el discurso, la ley  y la realidad fue una característica del estado revolucionario sobre todo en la parte final del siglo XX, ahora el fenómeno es  tanto o más grave porque ya ni los mismos que gobiernan saben a ciencia cierta dónde termina la ficción y empieza la verdad. Confunden la propaganda mediática que ellos mismos fabrican con la realidad, y frente al caos institucional y la falla estructural del Estado, no tienen más respuesta que esperar que el tiempo haga olvidar la tragedia.

Se equivocan. Para salir de esta situación no hay otro camino  que saber lo más a fondo posible del estado que guardan las instituciones. Y para ello se requiere de la participación ciudadana que, actuando directamente y presionando por la búsqueda de la verdad, pueda llevar a una amplia y profunda depuración[1] del Estado mexicano. Eso debe llevar no sólo a la cárcel para los que roban,  matan y hoy gobiernan; no sólo separación inmediata de sus cargos para quienes han actuado con irresponsabilidad e ineficiencia. Debe conducir  también a  rehacer las instituciones. A volverlas a construir. En algunos casos, quizás, a empezar de cero.

El PRD, al igual que muchas de las instituciones del Estado, también se corrompió[2]. En este caso, su degradación empezó cuando se decidió que era más importante ganar una elección que construir un partido desde abajo. Así, se seleccionaron  como candidatos a personajes de dudosa o sabida calidad moral, a verdaderos pillos que, sin embargo, tenían el dinero y el poder necesarios para ganar una elección. Después, se establecieron  alianzas electorales  con otros partidos, sin importar la orientación política de esas coaliciones,  para impulsar a personajes de dudosa calidad política progresista o cercana a los postulados de la izquierda. Se terminó por hacer de las encuestas el parámetro de la calidad  moral y de la conducta política de los candidatos. Si las encuestas son un instrumento válido para muchas cosas, la verdad es que  se convirtieron en el  indicador más importante de las decisiones del partido. Si ganarle al PRI es un objetivo legítimo y necesario para hacer avanzar en el camino de la democracia, este argumento se utilizó para apoyar a candidatos oportunistas que resultaron iguales o peores que sus adversarios promovidos por el PRI.

Pero el pragmatismo electoral no fue la única razón de los desaciertos. La otra fue el descuido para evaluar a los gobiernos que triunfaron bajo las silgas del PRD. El partido no se esforzó por promover una forma de gobierno distinta, alternativa, diferente. Bastaba ganar y lo demás vendría por sí solo. Y lo que resultó fue, en varios casos, gobiernos que se comportaron como los otros, que simulaban servir a sus ciudadanos y  se reciclaron en la dinámica general de deterioro del Estado mexicano. Aún en los casos de gobiernos ejemplares, éstos no fueron aprovechados para corregir los vicios de otras experiencias negativas, ni para estimular el bueno gobierno, la honestidad y la transparencia.

Pero lo peor fue convertir al partido en una red de intereses. Todo se conectó y adquirió una dinámica enfermiza. Los grupos internos promovieron candidatos corrompidos, atrabiliarios o caciquiles a cambio de recursos y votos en las elecciones internas. Los gobiernos electos se convirtieron en fuentes de apoyo para los grupos y éstos a cambio de ello, solapaban y se beneficiaban de la corrupción gubernamental. Las dirigencias partidarias se convirtieron en cabezas de grupos de intereses que se apoderaron de las estructuras del partido gracias al poder, el  dinero y la  complicidad con mafias que actuaban en el PRI, el PAN, la delincuencia organizada o en todos estos ámbitos al mismo tiempo.

El partido fue secuestrado poco a poco por estos grupos de interés internos  y a través de ellos, por personajes  que,  en el mejor de los casos,  eran completamente  ajenos a la izquierda y a cualquier inspiración progresista, y en el peor… en el peor, como el de Iguala, resultaron delincuentes que  dirigían a pandillas de asesinos.

Este secuestro sin embargo, no fue ni general ni uniforme. No todos tienen ni han tenido la misma responsabilidad. El problema sin embargo, como se señaló antes, más allá  de los personajes,  está la institución, el funcionamiento colectivo, la maquinaria que nos ha llevado hasta donde hoy estamos.

Porque Iguala y Ayotzinapa reflejan a un partido cooptado por la delincuencia. En el caso del  PRD, también hay que preguntarnos: ¿cuántos delincuentes se promovieron como candidatos a un puesto de elección popular? ¿Cuántos están activos hoy, en este momento, planeando el siguiente ilícito? No lo sabemos pero deberíamos saberlo exactamente. Porque si bien no se puede adivinar el comportamiento futuro de un candidato,  resulta necesario  conocer su  trayectoria y tener mecanismos elementales de evaluación de su desempeño y, eventualmente, de su denuncia política y legal.

El partido no lo hizo, aunque algunos militantes individualmente lo hayan planteado sin obtener  respuesta.  Las estructuras del partido no se atrevieron a examinar y corregir la conducta de candidatos, dirigentes y gobernantes. No se lo han  propuesto porque eso significa alterar la red de intereses que gobierna a este organismo político.

Saber la verdad del partido también es indispensable. Por  ahí es donde se tiene que empezar para acabar con la red de complicidades y hacer justicia empezando por casa. Y a partir de ahí volver a reconstruirlo.

Porque la vinculación del PRD con el ex Alcalde de Iguala y con los terribles hechos que ahí ocurrieron no deben ser vistos como un accidente o una excepción. Su candidatura, su desempeño en la Presidencia Municipal, el conocimiento de sus ligas con el crimen organizado, sus crímenes contra otros perredistas, y la impunidad de la que disfrutó, no fueron un accidente: fueron propiciados por la red de intereses que se impusieron en el partido.

El espejo de Iguala en el que se refleja el PRD tampoco puede servir para echarle la tierra del olvido o de la confusión que se quiere crear según  la cual todos tuvieron algo que ver para  que  nadie resulte responsable. Ello no sucederá  por más que algunos dirigentes del partido quieran. El vínculo entre el PRD y la terrible desgracia de Iguala quedará ahí sin que nadie, como dijo Revueltas, “pueda borrar este recuerdo… será siempre  una acusación y una condena”.

Por eso el PRD tiene que reconstruirse. Se ha cerrado el ciclo que comenzó hace 25 años y hay que volver a empezar.  Para dar paso a la verdad y para que la memoria de Iguala se grabe, se preserve y no olvidemos hasta dónde puede llegar la corrupción, la ambición política y la complicidad con los personajes más siniestros de nuestra tragedia nacional. Todos  los que somos o fuimos del PRD tenemos que ser los principales interesados en las dos cosas: conocer la verdad y perpetuar la memoria.

Para lograrlo, como en el caso del Estado mexicano, la presión ciudadana es necesaria. Podría formarse  un grupo ciudadano o establecerse  un acuerdo entre dirigentes del partido y representantes de la sociedad que puedan conducir este proceso. Pero con una condición: toda la dirigencia actual del partido tendrá que dejar sus cargos, renunciar, para dar paso a una renovación total bajo nuevas bases que impidan que el poder del dinero y el dinero del poder se impongan otra vez sus órganos directivos.

Aún no sabemos la dimensión histórica de los acontecimientos de Iguala  porque ni siquiera conocemos las causas y hechos más importantes. Quizás los historiadores del futuro llamarán a estos años, la era del terror, o la del 1 por ciento (contra el 99 por ciento), porque de manera similar a la desigualdad económica hoy sabemos que, en México, la inmensa mayoría de los mexicanos estamos secuestrados por una élite económica y política que se ha vuelto promotora o cómplice de la violencia.

La reconstrucción del Estado, en general,  y la reconstrucción del partido, específicamente, requieren una profunda revisión de sus estructuras y de quienes hoy las encabezan. Lo mejor sería que los actuales responsables de la dirección del PRD tomaran la iniciativa. Si no lo hacen, propiciarán no sólo el agotamiento del partido sino también se perderá toda  posibilidad de ser protagonistas de una salida viable y pacífica de la crisis actual.

Quien sabe cuál será finalmente el resultado de este derrumbe de las instituciones y cómo se volverá a construir un nuevo orden político. La sociedad puede estar dominada  por el temor, pero no toda ni todo el tiempo. Si de arriba no hay ninguna respuesta, la sociedad se impondrá por encima de las élites pero nadie puede saber, hoy, el costo de ello y hasta dónde tendremos que llegar.



[1] En el sentido de “someter a un funcionario a expediente para sancionar su conducta política” según la definición de la Real Academia Española.

[2] El autor de estas líneas fue fundador del PRD y miembro de su dirección nacional durante varios años, hasta  la última elección interna. Asumo por lo tanto lo que aquí  se afirma en esas calidad y me hago cargo de la responsabilidad que ello implica.

Autor/Autora

Saul Escobar

Professor d’estudis històrics del INAH (instituto nacional de antropología e historia) i fundador i exdirigent del PRD

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